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TEMA DEL DOMINGO: LA OTRA CARA DE LAS PRISIONES
Sospechas de corrupción en las cárceles bonaerenses
Su presupuesto anual es de $ 670 millones. Pero no siempre llega a los presos. Se detectaron faltantes de alimentos, remedios vencidos y compras de leche "trucha". El misterio de los colchones ignífugos.
Gerardo Young 
Hay algo peor que no darle un remedio a un enfermo: darle uno que no sirva. Hay algo peor que tomar leche "industrial" en vez de leche para consumo: haberla pagado como si fuera de la buena. Y hay algo peor que dormir sobre una manta: que se hayan comprado miles de colchones nuevos.
Las cárceles de la provincia de Buenos Aires encierran a unas 25.000 personas, cerca de un tercio de ellos condenados por delitos y el otro tanto bajo proceso judicial. Muchas veces se ha dicho que las cárceles funcionan como posgrado de la delincuencia, que allí nadie se rehabilita, que los presos viven en condiciones muchas veces infrahumanas. Pero detrás de lo visible -o no tanto, aquellos miserables galpones derruidos, la marginalidad organizada con códigos tumberos- se esconde también una caja millonaria: fondos que se pierden antes de llegar a la cárcel, facturaciones truchas, sobreprecios, mercadería ilegal y hasta entrega de medicamentos vencidos.
El Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB) -el más grande del país- estuvo intervenido durante dos años, entre 2004 y 2006, con el argumento de que se lo iba a transparentar y hacer más eficiente. Aunque el Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Eduardo Di Rocco, ha dado algunas muestras en ese sentido, la situación de las cárceles sigue siendo dramática y prácticamente sin controles externos. Una pequeña muestra: en este momento, las detenidas de la cárcel de Mujeres de Olmos (Unidad 33) están en huelga de hambre porque esta semana murió un bebé -hijo de una de ellas- por supuesta desatención médica y falta de remedios. Es el quinto caso en sólo dos años.
De lo que se habla, también, es de plata. En estos momentos el Estado provincial gasta algo más de 670 millones de pesos para mantener sus cárceles y presos. Esto significa, que cada preso le cuesta unos 2.233 pesos al mes. Cualquiera sabe lo que se puede hacer con esa plata. Según el INDEC, en el país el gasto promedio por hogar es hoy de 1.242,08 pesos, es decir, menos de la mitad de lo que le "insumen" los presos al Gobierno bonaerense. ¿Pero les llega esa plata?
Desde que se decidió la intervención del SPB, todas las compras para sus 40 cárceles son hechas directamente por el Ministerio de Justicia. Carne, verduras, medicamentos, leche e insumos de cualquier tipo. Pero eso no ha asegurado su transparencia. En el último año, se han detectado en las cárceles desde faltantes sorprendentes de alimentos, hasta un cargamento de leche en polvo "industrial" para darles a los presos. La leche industrial "no es apta para consumo humano", según el Código Alimentario Argentino, y se usa para hacer flanes, postres y productos que necesariamente son sometidos a cocción para que la leche industrial pueda ser consumida sin riesgos. ¿Por qué se entregó esa leche y no la otra? La respuesta estaría en el costo, unas diez veces menor que el de la leche común. Sin embargo, se pagó como si fuera buena.
Todo indica que es un caso de sobreprecio encubierto, que está siendo investigado por la Cámara Penal de San Martín. En enero, ese tribunal advirtió al Gobierno bonaerense que la leche indus trial se estaba dando a internos del SPB con problemas de salud. Nunca se logró determinar a cuántos ni por cuánto tiempo, pero el Ministerio de Justicia, ante la consulta de Clarín, respondió que el caso fue advertido "únicamente" en la "unidad sanitaria" de la cárcel de Olmos -se les daba nada menos que a los enfermos-, y que se iniciaron dos sumarios administrativos: uno contra los jefes del penal y otro contra los proveedores.
El control sobre el reparto de las mercaderías en las cárceles es por lo menos magro. El Ministerio de Justicia aporta, dicen, 14 inspectores que revisan las cocinas de los penales y hay otros 5 de la Dirección de Administración que observan las cuentas de cada unidad. La Contaduría General de la provincia, a su vez, debe controlar la legitimidad de los comprobantes de recepción de mercadería, pero sólo analiza los papeles y no está en el momento de la entrega de esa mercadería. También existe una Comisión controladora en cada cárcel, pero la integran funcionarios de la mismísima cárcel. Esto significa que no hay controles externos, más allá de los que ejercen ocasionalmente algunos funcionarios judiciales, no sin riesgos.
Uno de ellos es Juan Manuel Casolati, defensor penitenciario del departamento judicial de San Martín, que acaba de ser sumariado en la Procuración General de la Provincia por "excederse en sus funciones", al denunciar irregularidades en cárceles ajenas a su jurisdicción. Casolati ha comprobado en no menos de seis penales provinciales -los que visitó en el último tiempo- las pésimas condiciones de alimentación de los presos, a pesar de que se paga y mucho. También comprobó la existencia de facturas truchas para justificar desvíos de las cajas chicas -5.000 pesos mensuales por unidad- y hasta la provisión a los enfermos de medicamentos vencidos, destinados a su incineración. Otra vez se está hablando de plata. La Provincia gasta unos 25 millones de pesos al año en carne para los presos. Cerca de 12 millones en verduras y frutas. Y unos diez millones en remedios.
Los proveedores son contratados por el Ministerio de Justicia y abastecen a las cárceles a demanda de cada unidad. "Pero el proveedor baja del camión la mitad de lo que le pagaron y el jefe del servicio hace la vista gorda y a su vez se queda con los mejores cortes de la res. Al preso le dan los huesos", dice Casolati sobre el sistema de provisión de carnes. En teoría, dice la ley penitenciaria, cada preso debe recibir 380 gramos de carne por día. "Ni en sueños", dice Casolati.
Otro que conoce bien el tema es el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria, que se ocupa, entre otras cosas, de defender los derechos de los detenidos. Para Cañón, lo que viene haciendo el Ministerio de Justicia con las cárceles es "pura cosmética". Y se explica: "El gasto de la Provincia no llega nunca a los presos y se pierde en el laberinto de la corrupción. A la alimentación del preso básicamente la provee la familia, con las 'ranchadas'. La comida del servicio es deficitaria totalmente".
El Ministerio de Justicia respondió -con celeridad y por escrito- a las consultas de Clarín. En relación a este tema, argumentó que se cumplía con el abastecimiento de carnes y que en los casos donde se habían encontrado faltantes se había sancionado a penitenciarios y proveedores. Desde el 2005 hasta la actualidad, el ministro Di Rocco sacó del SPB a unos 300 funcionarios y sancionó a 9 proveedores con multas por un total de 660 mil pesos. Entre ellos, a la firma Grupo Colonia S.R.L., que a pesar de eso sigue siendo contratada para proveer de carne a las cárceles.
Las principales acusaciones contra los proveedores apuntan a que solían -¿o suelen?- entregar la mercadería con los recibos en blanco, para rellenarlos en el momento de la entrega, permitiendo así manipular su contenido. En la Fiscalía de Delitos Complejos número 10 de La Plata, donde se investigan algunas de estas irregularidades, hay constancia de remitos hechos a mano por los agentes penitenciarios.
En sus recorridas por los penales, Casolati comprobó la existencia de medicamentos vencidos en al menos 4 unidades: Melchor Romero, La Plata, Mercedes y Campana. Hugo Corral, veedor del Observatorio Latinoamericano Penitenciario (de las Naciones Unidas), que acaba de denunciar la muerte del bebé en la cárcel de mujeres de Olmos, sostiene que eso es "absolutamente habitual" y que existe un mercado negro de medicamentos, que se ocupa de reemplazar los remedios a punto de vencer de las farmacias y los deriva al Servicio Penitenciario. "Total, los presos no le importan a nadie", dice Corral.
Desde la intervención, es el Ministerio de Justicia el encargado de comprar todos los medicamentos. ¿Cómo es que aparecieron remedios vencidos? La respuesta del ministerio de Di Roc co fue negarlo. Lo que sí admite es haber detectado medicamentos vencidos para enfermos de VIH, pero argumenta que son provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. Para darse una idea, cada dosis mensual de esta droga -en realidad un cóctel- tiene un valor de 466 pesos. En el ministerio de Ginés González García dijeron a Clarín, en su defensa, que le entregan las drogas al SPB de acuerdo a los enfermos que este organismo declara. Y que la entrega se hace mes a mes. Una posibilidad es que el Servicio Penitenciario declare más enfermos de sida que los que realmente tiene y que haga acopio de drogas. Otra, que el Ministerio de Salud los entregue vencidos o al límite. Ambos niegan su responsabilidad.
Otra compra millonaria bajo sospecha es una contratación directa que hizo el Ministerio de Justicia tras la tragedia de la cárcel de Magdalena, en 2005, donde murieron calcinados 33 presos. En diciembre de ese año Di Rocco compró 25 mil colchones (a 392 pesos cada uno) y 25 mil almohadas (52 pesos por unidad) de material ignífugo. Pero tanto la Comisión por la Memoria como Casolati y el Observatorio Latinoamericano sostienen que esos colchones no fueron distribuidos en su totalidad y que muchos presos duermen sobre frazadas. En abril pasado, la jueza penal de La Plata Claudia Marengo intimó al Ministerio de Justicia a solucionar estos faltantes. Di Rocco lo desmiente y presenta un listado con los colchones y las unidades a los que habrían sido asignados.
En la cárcel de Melchor Romero, Casolati recogió una versión -no comprobada, por cierto- que sostiene que los colchones fueron vendidos fuera del penal. Un empleado del SPB que ya fue expulsado -bajo sospecha por irregularidades- aseguró a Clarín que sólo se repartió el 30 por ciento. El ministerio lo niega. ¿Quién tiene la última palabra?
Donde seguramente más ha avanzado la intervención es en el control de las cajas chicas. Desde hace un par de años, los penitenciarios pueden gastar de su caja sólo una lista de insumos predeterminados. Pero siempre hay traviesos, aunque no está claro si son casos aislados o parte de un sistema de corrupción. En la cárcel de Olmos se ha detectado la compra y colocación de un alambrado olímpico (por 8.500 pesos) que acabaron instalando los presos, como también la compra de GNC, cuando los autos del penal funcionan a nafta. En otros penales se detectaron galpones repletos de yerba comprada con fondos de la caja chica, mientras los presos se quejaban de que no recibían ni para un mísero mate. Así, las cárceles bonaerenses. Con miles de presos y millones de pesos en el mismo encierro.
Las federales son más ricas
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende del Ministerio de Justicia de la Nación, encierra a quienes han cometido infracciones federales -drogas, secuestros, delitos contra el Estado-, y es el más rico del país, ya que cuenta con 570 millones de pesos al año para atender a 9.153 presos. En la relación plata-presos, las cárceles federales tienen más del doble de recursos que las bonaerenses.
Ante la consulta de Clarín, en el Ministerio de Justicia justificaron esta "riqueza": sostienen que el SPF tiene muchos empleados -9.684- y que debe mantener a 7.045 retirados y 2.893 pensionados. Otro argumento es que insume más gastos por traslados, ya que sus cárceles están diseminadas por casi todo el país. Donde no tienen cárceles o están abarrotadas, se derivan fondos a las provincias para que mantengan a los presos. Por este servicio, el SPF paga cada mes 1.125 pesos por preso. Es menos que lo que gastan las provincias.
La inversión en presos
5.189 pesos gasta el Servicio Penitenciario Federal, del Gobierno nacional, en cada preso por mes. Son 570 millones anuales para 9.153 detenidos, los más "costosos" del país.
2.364 pesos gasta la provincia de Mendoza, con 2.397 presos, 2.500 empleados y 68 millones anuales de presupuesto. Está en la media del sistema. Y tiene más guardias que detenidos.
2.233 pesos gasta la provincia de Buenos Aires, con el récord de presos (25.000). Este año usará $ 670 millones. La cantidad de empleados (16.000) se considera baja en relación a los detenidos.
1.484 pesos gasta Córdoba, la provincia que menos invierte en cárceles por cada preso, a pesar de tener 5.500 detenidos. Para este año, su presupuesto en el área es de $ 98 millones.
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